yacimiento seminario

La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha pedido dos años y tres meses de prisión, y el pago de 867.000 euros a la Consejería de Cultura de la Junta, en concepto de indemnización, para los cuatro acusados de cometer un delito de daños contra el patrimonio histórico tras el expolio que sufrió en enero de 2016, tras movimientos de tierra, parte del yacimiento arqueológico de La Orden-El Seminario, registrado en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2007.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía ha ya ha formulado el escrito de acusación en el que acusa a cuatro personas de los hechos, dos responsables de Bekinsa, constructora dueña de tres de las cuatro parcelas, y otros dos de la empresa que realizó los movimientos de tierra.

A su vez, además de la pena de prisión, Fiscalía pide una indemnización conjunta, a favor de la Consejería, de 867.000 euros, en base a la pericial que ha llevado a cabo un arqueólogo de la Universidad de Huelva (UHU), así como el pago de las cantidades que ha adelantado la otra empresa, dueña de la cuarta parcela, para la realización de este informe.

Cabe recordar que este expolio fue denunciado por el arqueólogo Diego González y, según un informe realizado por la Junta de Andalucía, en parte de este yacimiento se llevaron a cabo importantes movimientos de tierras –con rebaja del terreno de hasta cinco metros– en las cuatro parcelas, en las que se apreciaron estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras.

Según la Fiscalía, dicha actuación fue realizada por una empresa, a su vez contratada por la UTE, que acometía las obras de la nueva estación ferroviaria y que por ello necesitaba aporte de tierras-áridos.

Cabe recordar que, según un informe de la Junta de Andalucía, desde 1970 se realizan excavaciones en esta zona y han aparecido dos necrópolis y un poblado tardorromano de hasta 5.000 años de antigüedad –neolítica, calcolítica, de la edad del bronce, tardorromana y medieval-islámica–.

Del mismo modo en 1998, en una de estas zonas se llevó a cabo una intervención de urgencia, documentándose una estructura de almacenamiento de época islámica y también pudieron recogerse materiales de la Edad del Cobre.

A su vez, el citado informe precisaba que dichos movimientos carecían de «la autorización previa y preceptiva» de la Consejería de Cultura y supusieron «la pérdida irreparable de información arqueológica de valor incalculable así como de daños en bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz».

UN SEGUNDO EXPOLIO

Cabe recordar también que tres meses después, en abril, hubo un segundo expolio en la zona del sector B3 Santa Marta-La Orden, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la Zona Arqueológica de Huelva.

En este caso, la Fiscalía pidió 21 meses de prisión y el pago de 216.000 euros a la Consejería de Cultura, en concepto de indemnización por daños, para ocho acusados de cometer un delito de daños contra el patrimonio histórico.

Según rezaba en ese escrito de acusación, uno de los acusados, en nombre de otros cinco, todos ellos concesionarios municipales de puestos-parcelas para la venta ambulante en el mercadillo de la capital, sito en la zona conocida como Santa Marta- El Seminario, encargó a otro de los acusados, como representante y administrador de una empresa, la realización de trabajos de movimiento de tierras en cada una de las citadas parcelas con el fin de ampliar su superficie y sobre todo poder aparcar sus vehículos en la misma parcela y no en los aparcamientos habilitados para ello.

Según remarcó el fiscal en el escrito, las obras, para las que este último acusado no solicitó los permisos ni licencias preceptivas, fueron materialmente ejecutadas entre los días 7 y 14 de abril por otro de los acusados que, como empleado de la empresa y utilizando maquinaria pesada, afectó a dos parcelas, una titularidad municipal y otra de la Junta de Andalucía, «sabiendo que no estaban autorizadas las obras y afectando en la primera a unos 43 metros cuadrados con un rebaje medio del terreno de dos metros y en la otra unos 306 metros cuadrados con un rebaje de 1,5».

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